Proposición no de ley relativa a sistema de vigilancia de la salud de zonas de alta contaminación

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica (CA) es una de las principales amenazas para la salud de la población en los núcleos urbanos. La OMS estima que se producen unas 600.000 muertes anuales en el continente europeo. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima en 487.000 las muertes prematuras en la Unión Europea asociadas a la contaminación atmosférica. En España, para el año 2017, las muertes debidas a la CA han sido estimadas en 31.520 por parte de la AEMA.

La CA es una de las causas principales de gran magnitud que infiere sobre la mortalidad y morbilidad cardiovascular en sociedades como la andaluza. Las partículas son el principal gatillo que dispara el proceso de infarto de miocardio, aumenta la incidencia de la hipertensión, de accidente cerebrovascular y de otras enfermedades cardiovasculares. Además, se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma o la EPOC.

Asimismo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el principal organismo científico mundial para el cáncer, ha declarado a la contaminación atmosférica y específicamente a las partículas, como agentes cancerígenos para las personas. Según la IARC, son causa probada de cáncer de pulmón, y se asocian también al cáncer de vejiga. Las partículas de pequeño tamaño (PM2,5 y PM10) y el ozono son los principales contaminantes que afectan a la salud de la población.

Las ciudades andaluzas están seriamente afectadas por la CA. Algunas capitales, con frecuencia, superan los niveles establecidos por las directivas europeas y, con mucha frecuencia, los niveles guía de la OMS sobre calidad del aire para la protección de la salud humana. De hecho, algunas zonas de Andalucía tendrían
que reducir sus niveles de partículas en magnitudes alrededor del 40% para garantizar una calidad del aire sin riesgos para la salud de la población.

La principal fuente de CA en Andalucía es el tráfico. En algunas zonas, los sistemas de calefacción son también una fuente importante de exposición a la CA. Andalucía no es una región industrializada, por lo que las industria como fuente de CA tiene un peso menor que en otras latitudes. Sin embargo, la industria
andaluza se concentra en muy pocas localizaciones, y además, es gran industria, y altamente contaminante.

Por ello, en las zonas donde se localiza, las fuentes industriales de CA son relevantes para la salud. Estas zonas son principalmente la ría de Huelva, el Campo de Gibraltar y, en menor medida, algunas zonas de las provincias de Jaén, Sevilla, Granada o Almería.

Los principales contaminantes en términos de salud que afectan a la población andaluza son las partículas y el ozono. La climatología andaluza contribuye a la formación de ozono, sobre todo en las costas. Y las partículas son relevantes en toda la comunidad. Además, en las zonas industrializadas otras sustancias, como los metales, son también relevantes.
Además de la contaminación atmosférica, y de acuerdo con la Comisión Europea (Informe Peseta) y otros organismos, la mayoría del impacto del cambio climático en Europa será sobre la salud de la población (mucho más que en otras áreas), ocurriendo con especial virulencia en el sur, componiendo Andalucía unos
de sus epicentros.

Dado el contexto de cambio climático en el que estamos inmersos, la evolución climática prevista para Andalucía es de aumento de las temperaturas y de la frecuencia e intensidad de fenómenos como los días con temperaturas extremas (muy altas) y olas de calor, que ya estamos sufriendo con cada
vez más regularidad. Esto favorece el aumento de los niveles de algunos contaminantes, como las partículas y el ozono, por ejemplo.

Y, en términos de salud, estos contaminantes atmosféricos son sinérgicos con la temperatura, es decir, sus efectos en la salud se multiplican a medida que aumentan las temperaturas. Esto
es, podemos enfrentarnos en apenas unas décadas a verdaderas epidemias que sean fruto del aumento de prevalencia de enfermedades muy graves y muy costosas para el sistema sanitario, fruto del cambio climático y el aumento exponencial de los factores de riesgo.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, tiene entre sus fines alcanzar un elevado nivel de protección de la salud mediante la utilización de los instrumentos necesarios de vigilancia y control de las enfermedades y de los factores ambientales que inciden negativamente en la salud. En su artículo 71 establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, evaluará, gestionará y comunicará los riesgos de salud asociados al entorno ambiental. Además, en su apartado 4 establece que el sistema sanitario público de
Andalucía desarrollará: a) la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales que afecten o puedan afectar a la salud; b) la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a la contaminación del aire ambiente.

Y en su artículo 62 esta ley establece la vigilancia continua del estado de salud a través del análisis de los efectos de los riesgos ambientales sobre la salud de la población. Así pues, los contaminantes atmosféricos deben ser objeto de la vigilancia de la salud pública.

Antiguamente, organizar un sistema de vigilancia para la CA era muy complejo y exigía una enorme cantidad de recursos, pero hoy en día se dispone de los recursos principales, y a muy bajo coste. La CA hoy se sigue midiendo a través de estaciones fijas con sensores para diferentes contaminantes, y situadas en la mayoría de ciudades a partir de un cierto tamaño. Además, hay estaciones móviles, que usan tecnologías basadas en los mismos principios. Asimismo, han surgido otras tecnologías, como por ejemplo las basadas en la evaluación de aerosoles por medio de sensores a bordo de satélites.

Además, varias empresas comercializan dispositivos personales, a precios muy asequibles, que están siendo adquiridos por la ciudadanía de manera importante, hasta el punto de, haber generado un mercado en expansión y con una continua
evolución tecnológica. Adicionalmente, existen aplicaciones informáticas para compartir estos datos en tiempo real entre la ciudadanía.
Sean los datos de tipo individual o sean datos agregados, vía estaciones o vía satélites u otras tecnologías, la aplicación de técnicas de big data y el modelaje estadístico sofisticado permiten conocer los niveles de CA en tiempo real, y su distribución dentro de nuestras ciudades con una precisión extraordinaria.
Por otra parte, la atención sanitaria en la mayoría de sistemas sanitarios ya utiliza la historia clínica digital. Esto convierte a la historia clínica en un repositorio de información sanitaria recogida automáticamente a través de las actividades habituales en la asistencia sanitaria, y disponible casi de forma inmediata para su utilización, entre otras cuestiones, para actividades de vigilancia activa epidemiológica. De hecho, los sistemas de vigilancia más avanzados hoy en día utilizan las potencialidades big data de la historia clínica digital, donde se recoge la información completa individualizada de los procesos asistenciales.
A los avances en la medición de la CA y a los datos que producen los servicios y sistemas sanitarios, se unen el enorme avance en el conocimiento epidemiológico y la disponibilidad de software libre para la modelización y análisis adecuado de los datos.
La medición de la CA de forma sistemática en las ciudades andaluzas la hace la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de su red de estaciones fijas y móviles. Además de la experiencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la captación, tratamiento y análisis
de los datos provenientes de las estaciones, otras instituciones andaluzas han desarrollado experiencias útiles y necesarias para este fin. La Unidad Asociada CSIC-Universidad de Huelva de Contaminación Atmosférica, con sede en el Centro de Investigación en Química Sostenible de la Universidad de Huelva, y el Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada, son dos instituciones altamente cualificadas y con
reputación internacional en la medición y tratamiento de los datos de CA.

Asimismo, la historia clínica digital, Diraya, está plenamente implantada en todos los centros de salud, hospitales y demás servicios sanitarios andaluces. Las delegaciones provinciales cuentan con personal experto en vigilancia epidemiológica. Y además se cuenta en Andalucía con la experiencia de la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP) en el tratamiento de datos sanitarios y la del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN), en estudios de la asociación entre CA y salud.
Finalmente, hay una intensa demanda social de información sobre la CA y sobre los factores que afectan a la salud de las personas y la población. Y esta demanda es mayor en las zonas industrializadas de Andalucía, como una y otra vez y desde años ponen de manifiesto una gran diversidad de grupos de la sociedad civil y las propias encuestas ciudadanas y de salud, así como las opiniones compartidas de numerosos expertos.

En resumen, las capitales andaluzas, así como las zonas de alta industrialización, tienen con frecuencia unos niveles de contaminación por partículas, ozono u otros contaminantes, que sobrepasan los límites establecidos por la OMS. Y en algunas localizaciones específicas, o en algunas situaciones, se superan los
valores legalmente permitidos. Miles de andaluces y andaluzas están sometidos a niveles de contaminantes atmosféricos que causan daños a su salud. Es por ello que la vigilancia de la salud en estas localizaciones es de especial relevancia, con lo que es necesario utilizar la información epidemiológica disponible en los
centros sanitarios combinada con los datos de contaminantes, de tal suerte que esta información sirva para desarrollar actuaciones que reduzcan la exposición a la CA de forma eficaz y eficiente, y protejan la salud de la ciudadanía.

Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 21 de febrero de 2018
Orden de publicación de 26 de febrero de 2018
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Huelva: un ‘ecocidio’ de Franco al siglo XXI. CTXT

La coordinadora Mesa de la Ría lleva años batallando por la recuperación de la marisma de Huelva, contaminada por los fosfoyesos. Achacan a estos residuos la alta incidencia de cáncer en esta región y no aceptan la última resolución del gobierno central.

En el año 1964, el general Franco aprobó la creación del Polo Químico en Huelva, que permitía la instalación de industrias químicas, altamente contaminantes, junto a la ciudad y en los márgenes de la ría. El decreto citaba como ventaja para las empresas “la existencia de desagües de capacidad ilimitada y un reducido costo de acondicionamiento”. Los primeros en llegar fueron Foret, Fertiberia (FESA) y la Refinería de la Rábida, que se sumaron a la Central Térmica construida en 1959. Después llegaron, en los años setenta, Atlantic Copper, Ercros, Aragonesa, Repsol y Huntsman Tioxide, y, en los años 80, a la par que aterrizaba la democracia, Air Liquide y Enagás.

La industrialización de Huelva continuó con la instalación, a inicios de este siglo, de las centrales de ciclo combinado de Unión Fenosa y Endesa. El conocido como Polo de Desarrollo, ubicado en el puerto interior o Punta del Sebo, al lado de la ciudad, sigue generando residuos y contaminación atmosférica. La mayoría de estas empresas se encuentran en proceso de cierre o ya cerraron al tener que adaptarse a la normativa, como fue el caso de Foret, la multinacional americana que se fue cuando la Audiencia Nacional le exigió paralizar los vertidos de fosfoyesos que realizaba a la marisma a través de Fertiberia. También cerró Rodhia, empresa de capital francés que abandonó Huelva cediéndola a una empresa testaferro ubicada en las Islas Vírgenes.

Dejó las instalaciones y los terrenos contaminados una vez obtuvo de la Junta de Andalucía los 2,3 millones de euros de subvención sin avalar”, explican desde la Mesa de la Ría.

Quedan en el Puerto interior cuatro empresas –la nueva central de Endesa anunció el pasado mes de noviembre su inminente cierre–. Fertiberia funciona a medio gas ahora importando el ácido fosfórico de Marruecos. Y a estas se suman, Nutrifeed, que adquirió las instalaciones y terrenos contaminados de la abandonada Rhodia y que ha obtenido similares subvenciones, y Atlantic Copper, que en un plazo de ocho años obtuvo once millones de euros en ayudas públicas. Los puestos de trabajo generados en la actualidad por todas ellas son alrededor de medio millar.

Primeros movimientos contra la contaminación

De forma paralela a la implantación de nuevas fábricas, el movimiento ciudadano se organizaba para intentar proteger el medio ambiente. En 1977 llegaron los primeros movimientos de protesta contra la contaminación. Pero hasta 1999 no aparecen informes sobre los efectos en la salud de los onubenses. Fue a raíz de la recogida de 7.000 firmas del Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva (CCDH), que sirvieron de base para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) emprendiera estudios sobre la polución de la ría. Los datos sobre mortalidad y cáncer desatan las alarmas: Huelva, Cádiz y Sevilla, empiezan a ser denominados “El triángulo de la muerte”’.

En 1977 llegaron los primeros movimientos de protesta contra la contaminación

Investigadores de la Universidad de Huelva y del hospital Juan Ramón Jiménez elaboraron en 2009 un estudio epidemiológico que detectó la presencia de uranio en las uñas del 44% de los trabajadores metalúrgicos de la zona analizados. Uno de los objetivos de la Mesa de la Ría es conseguir que se realice otro estudio epidemiológico, que determine si existe o no una relación directa entre la contaminación y el problema de salud que sufre la zona, explica Paco Romero, vicepresidente de la asociación.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía sólo ha presentado informes estadísticos, y ha justificado los datos con la respuesta de que son “los mismos que la de la Huelva anterior al Polo Químico, la de los año 50 del siglo pasado, como si no se hubiese producido ninguna evolución en la medicina en los últimos cincuenta años”, apuntan desde la Mesa de la Ría. “También han considerado los malos hábitos de vida y el tabaquismo como la causa principal del aumento de cáncer en Huelva, lo que nos sorprende cuando la propia Junta publicó un informe sobre tabaquismo según el cual la provincia de Huelva es la cuarta donde más se fuma en Andalucía (no la primera como sería de esperar por el número de casos de cáncer)”. “Pero seguimos sin tener un estudio que detalle los contaminantes que respiramos, los que se encuentran en la cadena trófica, las radiaciones que sufrimos y la relación que existe con la salud pública”, matizan. “En Huelva estamos familiarizados con contaminantes como el arsénico, el ozono, PM10, fosfoyesos, etcétera, y es que lo que aquí sucede es que se genera una especie de cóctel químico que afecta directamente a la salud de los onubenses. Y eso no lo dice la Mesa de la Ría sólo; la propia OMS ha incluido la contaminación como uno de los principales agentes cancerígenos, al mismo nivel que el tabaco”.

Acuerdos incumplidos

Los periodos electorales han sido siempre escenario de acuerdos que no se han materializado una vez ganado el voto en las urnas. Hace 27 años todas las autoridades, agentes sociales, sindicatos y empresarios firmaron los Acuerdos de 1991, con los que se legalizaba la situación de “fuera de ordenación” de las industrias ya asentadas. A cambio, las autoridades y la patronal química se comprometían a “no instalar nuevas industrias pesadas y contaminantes una vez que finalizasen su actividad para recuperar progresiva y escalonadamente el territorio”, que antaño estaba jalonado por balnearios y playas.

Las firmas de las autoridades, las empresas y los actores sociales de 1991
Acuerdos 1991

Pese a los antecedentes de oposición ciudadana, el Polo Químico franquista cobra un nuevo impulso en 1993, cuando se crea un nuevo tejido empresarial alrededor del ácido sulfúrico y los fosfatos saharuis, con el aval del entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. El residuo resultante de la producción de cobre es el ácido sulfúrico de Atlantic Copper, empresa que aterrizó en estas fechas en Huelva al adquirir la fundición de cobre, lo que supuso el primer incumplimiento de los Acuerdos de 1991, y la mina de Riotinto, “a la que abocó a la ruina y al cierre al hacerse con el concentrado de cobre en sus minas de Indonesia”. “La cuenca minera de Riotinto fue utilizada por la empresa de Henry Kissinger como mero vertedero de sus residuos. El entramado se formó debido a que empresas como Fertiberia (Villar Mir) y Foret necesitaban el ácido sobrante de la multinacional americana para disolver la roca fosfórica y los fosfatos que la empresa nacional OCP de Marruecos esquilma de los territorios del Sáhara Occidental para producir fertilizantes, quedando como residuo el fosfoyeso”, explican desde la Mesa de la Ría. El empresario y ex ministro del gobierno de Arias Navarro, adquiere, en1995, la empresa Fertiberia (FESA), recién saneada con 51 millones de euros de fondos públicos, pero a precio de una empresa en quiebra, una peseta la acción. Su presidente en el momento de la compra era Josep Piqué, quien un año después fue nombrado ministro de Industria por Aznar.

Pese a la oposición ciudadana, el Polo Químico franquista cobra un nuevo impulso en 1993

La Junta de Andalucía aprobó en 1995 la autorización de vertidos líquidos. Detrás estaba un proyecto llamado Reordenación de Vertidos sólidos de fosfoyesos en la marisma de Huelva. Esta autorización se concedió “fraudulentamente”, según Mesa de la Ría, sin la concesión de la ocupación del dominio público estatal, “al tratarse de un vertido líquido de fosfoyesos que después asentaba en sólidos, formando balsas piramidales crecientes en altura hasta los 25 metros sobre el nivel de la marisma”. Desde esa organización explican que esta medida regional atentaba contra la “legislación de costas nacional”.

Además de estos vertidos, que han provocado que la altura de las balsas de fosfoyesos haya ido creciendo progresivamente con los años, en 1998 se produjo una catástrofe que empeoró la situación medioambiental y sanitaria. Una de las balsas autorizadas por la Junta se rompió debido a un temporal y vertió más de 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas y tóxicas a la ría. Tras el accidente, por Orden Ministerial de 20 de marzo de 2000, el Gobierno denegó la modificación de la concesión de la marisma que daba cobertura al proyecto de reordenación de vertidos autorizado por la Junta.

Fertiberia inició entonces una campaña de recursos judiciales contra el Ministerio de Medio Ambiente que ha durado una década, sin que el Gobierno ejecutase sus acuerdos ni la Junta autorizara la continuación de vertidos. La empresa alegó durante estos diez años, en los que continuaron sus vertidos, que su paralización produciría pérdida de empleos y que el fosfoyeso era un subproducto inocuo, no un residuo industrial contaminante y ligeramente radiactivo, como una década después concluiría la Comisión Europea.

La lucha de la Mesa de la Ría

El Colegio de Arquitectos de Huelva, liderado por José Pablo Vázquez Hierro, convocó en 2002 un foro de debate sobre el futuro del Polo Químico. Ni las autoridades con capacidad de gobierno firmantes de los Acuerdos de 1991, ni el PSOE ni el PP, ni los sindicatos UGT y CCOO, ni la patronal química, acudieron a la cita. “Para ellos el mejor debate era el que no se realizaba”, lamenta la Mesa de la Ría. Los colectivos sociales y partidos políticos asistentes constituyeron la Plataforma Mesa de la Ría, que inicia la lucha contra la central térmica que pretendía construir Endesa, incumpliendo nuevamente los citados acuerdos. La Mesa de la Ría logró recoger en esos inicios 20.000 firmas para convocar un referéndum sobre la liberalización de los terrenos del Polo para la ciudad, pero el Ayuntamiento nunca lo convocó.

La presión de la ciudadanía sirvió para que el Ayuntamiento denegara la licencia de la nueva central térmica de Endesa. Sin embargo, Endesa modificó el título de los planos de “nueva” a “modernización de la vieja central de fuel” y utilizó un certificado ministerial “falso” que se apoyaba en un informe de Red Eléctrica Española (R.E.E.). La situación fue denunciada por la Mesa de la Ría. Pese a ello, Endesa consiguió del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla una medida cautelar que permitió construir una central térmica pese a un acto negativo de la Administración, la denegación de la licencia de obras.

En 2005 se suma a las reivindicaciones la ONG Greenpeace, con la presencia en la provincia de su buque Artic Sunrise. Junto a la Mesa de la Ría descubren filtraciones radioactivas en la ría y presentan el informe Ría de Huelva, un desastre ecológico a nivel mundial.

En 2007, la plataforma Mesa de la Ría se refunda en asociación. Ese mismo año, una sentencia de la Audiencia Nacional, en un procedimiento en el que se personó como parte codemandada la organización ecologista WWF, declara conformes las órdenes ministeriales de caducidad de la concesión, ratificando el fin de la misma a Fertiberia.

Las protestas llegan a la Comisión Europea, después de que la Mesa de la Ría denuncie los vertidos de fosfoyesos por la vulneración de directivas europeas. El informe lo acompañan de las denuncias realizadas a la Fiscaía de Medio Ambiente de Huelva, “que había archivado todas las denuncias dirigidas contra los fosfoyesos y el cesio 137 radiactivo vertido en la marisma por la empresa pública de la Junta de Andalucía Egmasa, que subarrendaba la marisma a Fertiberia para vertidos distintos a los fosfoyesos, lo que supuso la apertura de un expediente de infracción y la visita a Huelva de sus técnicos a finales de 2008”, relatan desde la asociación.

Las protestas llegan a la Comisión Europea, después de que la Mesa de la Ría denuncie los vertidos de fosfoyesos por la vulneración de directivas europeas

Ese mismo año, pese a todo, la Junta de Andalucía concedió a Fertiberia la Autorización Ambiental Integrada que proviene de la directiva europea del control de la contaminación. Con ello, la Administración regional “había desoído las tres contundentes alegaciones realizadas por la Mesa de la Ría: la demostración de la existencia de vertidos directos a la ría por el servicio de criminalística de la Guardia Civil ante una denuncia del colectivo; la aportación junto a Greenpeace del informe del laboratorio francés independiente CRII-rad, que detecta altos niveles de radioactividad natural en las balsas de fosfoyesos y artificial por Cesio-137 en la zona que gestionaba Egmasa, y el informe negativo de Costas según la sentencia de la Audiencia de 2007 que ya había declarado caduca la concesión en la marisma a Fertiberia”.

La denuncia por vía penal de la Mesa de la Ría a la consejera y delegada de Medio Ambiente y a su delegada en Huelva, que habían concedido esta autorización, “a todas luces fraudulenta”, fue instada al archivo por el fiscal de Medio Ambiente de Huelva. Sin embargo, en la denuncia de la Mesa de la Ría al Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, informó dos años después de que la Autorización Ambiental Integrada de abril de 2008 era “nula de pleno derecho” y que con su concesión la Junta de Andalucía “infringió el ordenamiento jurídico vigente”. Fertiberia aún sigue operando con esta autorización.

Eurodiputados del Parlamento Europeo acudieron a Huelva en febrero de 2010 para inspeccionar las balsas de fosfoyesos y entrevistarse con todos los actores, pero no pudieron concluir su recorrido porque Fertiberia les puso trabas, según denuncian desde la Mesa de la Ría. La petición de Greenpeace había sido tramitada por el eurodiputado de Los Verdes Europeos David Hammerstein, quien se quedó fuera de la inspección, pues el movimiento verde español no tuvo miembros en Europa. Durante la inspección, la representante de los Verdes fue la danesa Magrette Auken, con la que la Mesa de la Ría y Greenpeace prepararon la visita. Tras la inspección, los eurodiputados redactaron un informe que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento Europeo. En él se pedía la descontaminación íntegra del estuario de Huelva. Hasta la fecha, nada se ha iniciado.

Ilustración de Mesa de La Ría sobre los Fosfoyesos

#NoALosFosfoyesos

Finalización de los vertidos por imposición legal

El 31 de diciembre de 2010, la Audiencia Nacional obligó a paralizar los vertidos de fosfoyesos, lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo. Días después, la Casa Real concede el título de marqués al propietario de Fertiberia, Juan Miguel Villar Mir. Además, Fertiberia recibió en esas mismas fechas una subvención de la Junta por valor de 930.000 euros. La empresa continúa operando con ácido fosfórico transformado en Marruecos, sin modificar la autorización.

No ha sido el único caso que ha investigado Bruselas en torno a la contaminación de Huelva. La Mesa de la Ría denunció también que se habían concedido once millones de euros en subvenciones en los últimos ocho años y que se habían producido vertidos de Atlantic Copper en Riotinto. La agencia Europa Press y el medio local Viva Huelva informaban de que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo veía indicios de irregularidades el 5 de octubre de 2012 en la fábrica de Atlantic Copper en Huelva, “cuando un apagón generalizado en la ciudad y la costa hizo que los filtros de la factoría fallaran y una nube tóxica invadió parte de la capital onubense”. En su denuncia, la Mesa de la Ría añadía el “enorme riesgo en que se ha puesto a la población”.

Finalmente, la Mesa de la Ría denunció a la Junta que Fertiberia actuaba sin autorización ambiental a raíz de la paralización de vertido. Ante esto, la empresa presentó una modificación sustancial de la autorización para el cierre de las líneas de sulfúrico, a la que la Mesa de la Ría presentó alegaciones (alegaciones 1, 2 y 3). En 2013, la Junta otorgó la modificación sustancial de la primigenia autorización, dando un plazo de un mes para que Fertiberia presentase el proyecto de restauración que transcurridos cuatro años desde la sentencia aún no había presentado. El mes pasado, Fertiberia presentó al fin estos documentos, un proyecto que propone cubrir los fosfoyesos con una capa de plástico de un milímetro y una capa de tierra de cuarenta centímetros con un coste de unos setenta millones de euros.

El 31 de diciembre de 2010, la Audiencia Nacional obligó a paralizar los vertidos de fosfoyesos, lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo

La Mesa de la Ría se personó y fue admitida en la Audiencia Nacional en el proceso de ejecución de sentencia, demandando la elevación del aval depositado por Fertiberia de 21 a 2.500 millones. Es esta cifra en la que la Junta de Andalucía valora el coste para la recuperación de la marisma de Huelva.

Desde la entidad recuerdan que en el año 2014, Rajoy sustituyó a Arias Cañete, quien poco atrás legisló la Ley de Costas “más favorable a los intereses de empresarios como Villar Mir”. En su lugar coloca como ministra de Medio Ambiente Isabel Tejerina, “alto cargo y directiva de la Empresa Fertiberia, mujer de confianza del marqués Villar Mir”. El 13 de mayo de 2014 se concentra la Mesa de la Ría en las puertas de la Casa Colón, donde la ministra tiene su primer acto del que sale por la puerta trasera sin atender a los periodistas.

El pasado 24 de abril, la Mesa de la Ría ofreció una rueda de prensa para lamentar las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de tapar los fosfoyesos. “Hoy es un día triste para Huelva, pues desgraciadamente se ha consumado la mayor traición sufrida por esta ciudad y sus habitantes a lo largo de su ya milenaria historia. Hoy, la Mesa de la Ría ha comunicado a la ciudadanía que nuestros dirigentes, aquellos que en lugar de representarnos nos reemplazan, se han plegado ante el poder empresarial que dirige esta ciudad desde la sombra con métodos cuasi mafiosos. A partir de ahora, el 24 de abril de 2014 será recordado como el día en que los ciudadanos y ciudadanas de Huelva tuvieron conocimiento de que el Ministerio de Medio Ambiente había aceptado que tapar los fosfoyesos con una fina capa de tierra equivale a una restauración medioambiental de la marisma, aquella que nos fue arrebatada y que ahora se niegan a devolverla a la ciudad”, ha escrito Rafael Gavilán, candidato de la Mesa de la Ría a la alcaldía de Huelva, en su página web. Así, el integrante de la Mesa de la Ría ha añadido: “Llevamos meses, incluso años, explicando hasta la saciedad que un vertido ilegal de residuos debe llevar aparejada la retirada de los mismos y la devolución de la zona dañada a su estado original”.

Objetivos de Mesa de la Ría

El objetivo de la Mesa de la Ría es que se cumplan los Acuerdos de 1991 que firmaron todos los que ahora no quieren cumplirlos, y por ende, la exigencia a las autoridades de un proyecto de limpieza y recuperación de la marisma. “Así lo exigen la Ley de Costas, los convenios internacionales firmados por España referentes a los humedales que han sido erosionados por la mano del hombre y la propia Constitución Española, que considera que el dominico público terrestre y marítimo no sólo hay que conservarlo sino ampliarlo”, explican.

Respecto a la pérdida de puestos de empleo denunciada por los sectores que defienden el mantenimiento de estas industrias, argumentan que la regeneración de la zona creará “incluso más puestos de trabajo que los que actualmente dan las fábricas”. “Pero es una recuperación que deben sostener económicamente quienes han contaminado”, aplicando el principio de que “quien contamina, paga”, matizan, “con el cumplimiento de los acuerdos del 91 de la no instalación de nuevas industrias contaminantes, y el cierre paulatino de las que existen”. “No se puede apostar por la energía fósil centralizada sino por la que respeta el medio ambiente, generación distribuida renovable, y descentralizada”.

“Consideramos que es posible y que quien ha contaminado a sabiendas de que lo hacía durante años es quien debe descontaminar”, explican en la asociación. La última manifestación para defender el medio ambiente se celebró el pasado 16 de octubre, con centenares de participantes –a los que se sumaron con un manifiesto diversos colectivos ecologistas y sociales– que instaban a la retirada de los fosfoyesos y a la puesta en marcha de una marisma limpia, tal y como exige la Constitución Española. A la espalada de los onubenses, medio siglo de irregularidades y contaminación que presentan a la provincia andaluza como un ‘ecocidio’ que ha llegado de Franco a nuestros días.
Autor

Patricia Gardeu

Huelva | 7 de Mayo de 2015

http://ctxt.es/es/20150507/politica/1001/Polo-Qu%C3%ADmico-Huelva-contaminaci%C3%B3n-Mesa-de-la-R%C3%ADa-Fosfoyesos-c%C3%A1ncer-Fertiberia-Villar-Mir.htm

Huelva Se Muere

“Además de la Salud, nos robáis la Historia y el Paisaje.”

El 17 de junio de 1978 se llevó a cabo en Huelva la primera manifestación contra la contaminación, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

#HuelvaSeMuere


Aquí cae gente cada mes. Es como una epidemia”. Lo dice Joaquín Gómez, vecino del barrio de Pérez Cubillas, en Huelva. Y se refiere al cáncer.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512148190_480024.amp.html?__twitter_impression=true

@HuelvaSeMuere
Movimiento Twitero para la Liberación de #Huelva de residuos tóxicos

https://t.co/MAyQkjs8eZ

Una revista alemana describe un infierno de violaciones a mujeres y abortos en los campos de fresas onubenses

“Acosadas, insultadas y violadas, eso es cotidiano para miles de mujeres que trabajan en los campos de tomates y fresas de España”… Así se inicia el reportaje que la revista alemana Correctiv ha realizado en los campos de fresa de Huelva y en el quedescribe un auténtico infierno para las trabajadoras del campo onubense procedentes de Marruecos.

La investigación, que ha sido llevada a cabo junto a RTL Nachtjournal y BuzzFeed News, ha sido publicada con fecha del 30 de abril del presente año en su página web y se centra en la historia personal de Kalima una trabajadora de la fresa en Palos de la Frontera que asegura a esta revista que “la vida allí es un infierno: no hay cocina, ducha solo una vez a la semana, una habitación para seis mujeres para dormir. Y luego está su supervisor, Abdelrahman, un hombre de Marruecos. Él viene por la tarde, tiene los números de teléfono de todas las mujeres y las obliga a tener relaciones sexuales con él, todas las noches con una mujer diferente”.

No es un caso aislado, según señala la revista: “CORRECTIV habló con docenas de trabajadoras en la región española de Huelva, la mayoría de ellas marroquíes, que informaron haber sido hostigadas, violadas, chantajeadas, agredidas físicamente o insultadas por sus superiores”.

La revista también indica que “alrededor del 80 por ciento de las importaciones de fresas alemanas provienen de la región de Huelvaen Andalucía. Bajo un mar blanco de invernaderos de plástico, se cosechan más de 300.000 toneladas de fresas cada año, lo que convierte a Andalucía, la llamada “California de Europa”, en el mayor productor de fruta de Europa”.

Otra de las trabajadoras que presuntamente ha hablado para esta revista es Sabiha, quién asegura que su capataz, Juan, “golpea y patea a los trabajadores, es un infierno en la tierra”.

Según la revista, existe una creciente necesidad de mano de obra barata y manual en Huelva. “Viniendo de regiones de Marruecos donde los trabajos son escasos, Kalima, Sabiha y sus compañeros de trabajo vieron la oportunidad de trabajar en España como un escape de la precariedad económica. Comenzando a trabajar a las 6 de la mañana hasta el almuerzo y luego de nuevo por la tarde. No ganan más de 30 euros por día. Las empresas no los compensan en caso de mal tiempo, reducción temporal de la producción o por razones completamente arbitrarias, como la sanción de errores. Los perpetradores usan esta dependencia financiera de las trabajadoras”.

Sobre la alta tasa de abortos

Según la revista alemana, hay otra indicación que viene a demostrar sus acusaciones contra los campos de fresas de Huelva: “La tasa de aborto en Palos de la Frontera es muy alta, y la mayoría de las mujeres que buscan el aborto son trabajadoras migratorias. Según declaró una trabajadora del centro de salud a esta revista, en Palos y la ciudad vecina de Moguer hubo 185 abortos en 2016, el 90 por ciento elegidos por las trabajadoras inmigrantes en el campo”.

El único sindicato que habla sobre el tema es el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En Huelva tienen solo dos representantes, José Antonio Brazo Regalado y su esposa. Conduciendo con él a través de los invernaderos, él expone su teoría sobre por qué el abuso es un tabú en Huelva. “Una mujer vino a mí llorando, porque su jefe abusó de ella”, dice. “La sensación de impotencia es enorme. No podía hacer nada. Es imposible”. Declara José Antonio Brazo a esta revista y añade que “Huelva tiene la peor explotación del trabajo agrícola en Andalucía, esto es la esclavitud”, dice. “Instituciones, Guardia Civil, inspección laboral, miran hacia otro lado”.

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La Coordinadora de Estudiantes de Huelva 1987

La Coordinadora Estudiantes de Huelva en 1987 agrupaba a estudiantes de los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y universitario; tanto pública como privada concertada.

Participó en las luchas estudiantiles de 1986-1987, con las que consiguió la gratuidad del Bachillerato y el incremento de las becas, entre otras reivindicaciones.

En Huelva, el paro se adobó con una «CACEROLADA», que, a decir de las agencias, tuvo son brasilero, ritmo de samba. Con un cien por cien alcanzado en Cádiz, Córdoba y Huelva de paro Estudiantil.

Asambleas interminables que a veces se realizaban en los locales de USO y otras salas de otros sindicatos llevaron a los estudiantes a ocupar por dos noches el Instituto Rábida y el vecino por entonces Femenino. Con varias asambleas generales de todos los representantes estudiantiles de la provincia tuvieron una en Matalascañas en el Hotel Tierra y Mar y el Punta Umbría en el retiro sindical que tenía por entonces la UGT.

Barbaridad y tomadura de pelo un Vertedero en Colón

Un vertedero de escoria de fundición proveniente de Atlantic Copper en la Punta del Sebo. Es lo que pretender realizar en unos terrenos abandonados por la Industria y que contradice los Acuerdos del 91 firmados por todas las fuerzas vivas de esta Ciudad, Empresarios, Sindicatos, Administraciones y la incipientes Organizaciones Civiles que dieron lugar a este proyecto que representan Mesa de La Ría.

La Escoria de Fundición es un Residuo.

Los Partidos tradicionales PSOE y PP, así como la FOE y La Autoridad Portuaria PAH, ven con buenos ojos que en la Avenida Francisco Montenegro de Huelva, se vaya a dedicar una parcela de 153.000 metros cuadrados a un vertedero de RESIDUOS, incumpliendo el espíritu de los Acuerdos de 1991 donde se pronunciaron todas las fuerzas Sociales en lai recuperación para la Ciudad de esta parte de la ría del Odiel, la cual al otro lado es parque natural Marismas del Odiel.

Son residuos porque lo dice el decreto del ordenamiento jurídico, en concreto el código 10 06 01. Que habla que la escoria de producción de primaria y secundaria de la termometalúrgica del cobre.

Para que sea considerado un subproducto, y lo dice el reglamento. Necesita una orden ministerial que lo declara sus productos cosas que no tiene está escoria de fundición

#otraHuelvaesPosible
#LaRiadeHuelvaLaRiadeTodos
#HuelvaDecide
#ReferendumPuntadelSebo
#MarismaLimpia

http://www.huelvahoy.com/entrevista-rafael-gavilan-el-vertedero-de-escoria-en-la-punta-del-sebo-es-una-barbaridad/

La ONU critica a España y condena la sentencia a “La Manada”

Purna Sen, coordinadora ejecutiva de la ONU Mujeres, fustigó la sentencia sobre el caso de La Manada, en España, porque “subestima la gravedad de la violación”.

La Coordinadora ejecutiva de la ONU de Mujeres Purna Sen, afirmó que la sentencia “socava la clara obligación de defender los derechos de las mujeres”
“La suave sentencia de los agresores de La Manada en España subestima la gravedad de la violación y perjudica las claras obligaciones que existen para que se respeten los derechos de las mujeres

#NoesNo

#NosotrasSomosManada

La representante de ONU Mujeres ha recordado que la violencia sexual es un fenómeno “global” al que “ninguna organización o país es inmune”. “Demasiadas mujeres sienten que nadie las escucha, que nadie las cree o se preocupa por ellas. Aplaudo a las mujeres que han sido tan valientes para hablar, a pesar de los riesgos”, ha subrayado en un comunicado

Leer en: https://www.elciudadano.cl/mundo/onu-sentencia-la-manada-subestima-la-violacion/05/02/#ixzz5EQJ8PCPG